Por: Enzo Galimberti.
Durante siglos, Londres acostumbró al mundo a discutir las fronteras que su expansión había dejado sobre el mapa. Ahora, mientras sostiene posiciones a miles de kilómetros de sus costas, vuelve a escuchar una pregunta dentro de su propia casa: cuánto tiempo puede mantenerse una unión cuando parte de sus dirigentes quiere abandonarla. El acuerdo firmado en Cardiff el 14 de septiembre de 2026 entre el SNP escocés, Plaid Cymru de Gales y Sinn Féin incorpora un nuevo capítulo a esa discusión. Sus líderes buscan coordinar esfuerzos para avanzar hacia la independencia o la reunificación irlandesa. La firma expresa una voluntad política; todavía queda por recorrer el camino que podría convertirla en una transformación territorial.
Para comprender la dimensión del problema hay que mirar con precisión ese mapa que tantas veces simplificamos. Inglaterra es una de las cuatro naciones que forman el Reino Unido, junto con Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Gran Bretaña es la isla donde se encuentran las tres primeras. Bajo una misma estructura estatal conviven identidades, historias e instituciones diferentes. Escoceses, galeses y norirlandeses cuentan con autoridades propias y distintos grados de autonomía, mientras cuestiones como la defensa y la política exterior permanecen en manos de las instituciones británicas. Esa distribución permite gobernar juntos, pero también alimenta discusiones sobre quién decide cuando las prioridades nacionales se separan.
Escocia conoce bien esa tensión. En 2014 votó sobre su independencia y alrededor del 55 % eligió permanecer en el Reino Unido, frente a un 45 % que prefirió separarse. El resultado resolvió aquella consulta, aunque dejó una sociedad profundamente dividida sobre su futuro. Dos años después llegó el Brexit y modificó las condiciones del debate: el 62 % de los votantes escoceses había elegido continuar en la Unión Europea, pero el resultado general obligó también a Escocia a salir. El independentismo encontró allí un argumento poderoso para renovar su reclamo: decisiones fundamentales para los escoceses podían adoptarse pese al rechazo de una mayoría dentro de Escocia. En Gales, por el contrario, había ganado la salida del bloque europeo. Las diferencias entre ambos territorios también forman parte de esta historia.
El camino galés tiene otro ritmo. Plaid Cymru propone avanzar hacia la independencia mediante una discusión ciudadana y una ampliación de las capacidades políticas del país, sin plantear un referéndum durante su primer período de gobierno. En Irlanda del Norte, Sinn Féin persigue la reunificación con la República de Irlanda. Allí existe un mecanismo legal específico para una consulta si se cumplen determinadas condiciones de apoyo popular. Compartir una mesa, por lo tanto, no significa compartir un calendario ni contar con idénticos instrumentos. Tampoco la presencia de dirigentes nacionalistas demuestra que todas sus sociedades estén dispuestas a acompañarlos hasta la separación.
Londres conserva, además, herramientas institucionales decisivas. La Corte Suprema británica estableció en 2022 que el Parlamento escocés carece de competencia para legislar unilateralmente sobre un referéndum independentista. A esa limitación se suma la resistencia del gobierno de Andy Burnham a habilitar otra votación. El conflicto enfrenta así dos posiciones: quienes reclaman una nueva oportunidad para decidir y quienes defienden la continuidad del Estado bajo el marco vigente. La discusión seguirá atravesada por cuestiones concretas, desde las cuentas públicas hasta las relaciones comerciales que cualquier separación obligaría a negociar.
Mientras esas tensiones recorren el interior del Reino Unido, desde Washington llega una presión especialmente incómoda. La guerra contra Irán deterioró la relación con Donald Trump, que cuestiona el grado de acompañamiento de sus aliados. Ya en abril, Reuters informó sobre un documento interno del Pentágono que contemplaba revisar el respaldo a determinadas posiciones territoriales de países considerados poco colaboradores, incluyendo la cuestión Malvinas. Que una disputa del Atlántico Sur aparezca entre las posibles respuestas a un desacuerdo en Medio Oriente permite observar cómo funcionan estas negociaciones: los conflictos se conectan incluso cuando sus geografías parecen lejanas.
El reproche de Trump necesita, sin embargo, una precisión. El Reino Unido autorizó el uso de sus bases para determinadas operaciones estadounidenses que su gobierno encuadró como defensivas, mientras buscaba evitar una participación más amplia en la guerra. Hubo colaboración, aunque con límites que Washington cuestionó. La distancia política entre el nacionalismo de derecha de Trump y un gobierno laborista añade tensión a esa relación. A mi entender, esa diferencia ideológica ayuda a explicar el tono del enfrentamiento, pero debe leerse junto con los intereses militares y estratégicos de ambos países. Una alianza histórica también puede convertirse en un espacio de exigencias, presiones y negociaciones ásperas.
Trump añadió otra incomodidad al expresar en septiembre su apoyo a una Irlanda reunificada. Durante su visita a ese país sostuvo que le gustaría ver concretado ese escenario, mientras evitó pronunciarse de la misma manera sobre Escocia. Sus palabras introducen presión en una cuestión que Londres considera especialmente sensible. También muestran los límites de confundir una declaración presidencial con un desenlace: el propio primer ministro irlandés, Micheál Martin, señaló que una consulta sobre la reunificación probablemente no prosperaría en las condiciones actuales.
En Malvinas, la ambigüedad estadounidense abre una discusión igualmente relevante. Washington ha reconocido la administración británica de las islas mientras mantenía una posición de neutralidad sobre la soberanía. Trump manifestó que esa posición podía ser revisada. El anuncio debilita la previsibilidad con la que Londres quisiera contar, aunque una revisión eventual todavía debe distinguirse de un reconocimiento de la soberanía argentina. Para Buenos Aires, la señal ofrece una posibilidad diplomática cuyo alcance dependerá de decisiones concretas.
La Argentina también modificó el énfasis de su actuación. En septiembre de 2024, los cancilleres Diana Mondino y David Lammy habían acordado una agenda de cooperación sobre conectividad, conservación pesquera y cuestiones humanitarias, preservando las respectivas posiciones sobre soberanía. En septiembre de 2026, frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion, Javier Milei anunció medidas para reforzar la respuesta legal e institucional argentina. La secuencia importa: estas decisiones comenzaron antes del encuentro de Cardiff. La oportunidad surge de la coincidencia de varias presiones sobre Londres; atribuirlas a una única operación coordinada exigiría pruebas que estos hechos no aportan.
El endurecimiento incluyó acciones judiciales contra empresas vinculadas con Navitas Petroleum y procedimientos para aplicar sanciones a actores relacionados con el proyecto. También se anunció la prioridad presupuestaria para completar una base naval en Tierra del Fuego. Son medidas con distintos estados de ejecución: una denuncia inicia un proceso, una sanción requiere su correspondiente procedimiento y una prioridad presupuestaria necesita recursos para convertirse en una obra terminada. Su sentido económico puede interpretarse con claridad: elevar los costos y los riesgos de participar en la explotación de recursos cuya soberanía Argentina reclama. Para una empresa, la rentabilidad de un proyecto también depende de las restricciones que pueda enfrentar en otros mercados.
El petróleo introduce una urgencia material en una disputa que para nuestro país nunca fue solamente simbólica. La posición argentina remite a la ocupación británica de 1833, al desplazamiento de sus autoridades y a un reclamo sostenido sobre su integridad territorial. La resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la existencia de una controversia de soberanía y llamó a resolverla mediante negociaciones entre Argentina y el Reino Unido, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes. Ese marco permite defender la causa argentina con fundamentos propios, más allá de las simpatías de cualquier presidente extranjero.
Los reclamos escocés, galés e irlandés y la cuestión Malvinas tienen historias y marcos jurídicos diferentes. Una eventual independencia de Escocia no resolvería automáticamente la controversia del Atlántico Sur. En el plano político, sin embargo, su coincidencia vuelve más incómoda la posición británica y permite discutir la coherencia con la que Londres invoca el derecho a decidir en distintos escenarios. Para Argentina, esa discusión puede ampliar el espacio de su diplomacia, siempre que mantenga clara la diferencia entre cuestionar un argumento británico y demostrar sus propios derechos.
La cercanía entre Milei y Trump puede facilitar conversaciones, pero la política exterior argentina necesita sostenerse más allá de esa relación personal. Si Washington utiliza Malvinas para obtener concesiones británicas, también podría modificar su posición cuando esas concesiones lleguen. Por eso, el objetivo argentino debería ser convertir esta coyuntura en apoyos duraderos, propuestas de negociación y una mayor capacidad para proteger sus intereses. La defensa del reclamo exige continuidad, conocimiento y una estrategia que sobreviva a los cambios de gobierno.
El Reino Unido enfrenta tensiones simultáneas dentro de sus fronteras, en su relación con Estados Unidos y en el Atlántico Sur. Su desenlace permanece abierto. Para Argentina, observar esas dificultades tiene valor cuando permite actuar con mayor inteligencia diplomática. Las grietas de Londres pueden ampliar nuestro margen de acción; que ese margen produzca resultados dependerá de la capacidad argentina para sostener una política de Estado cuando esta crisis deje de ocupar los titulares.
Durante siglos, Londres acostumbró al mundo a discutir las fronteras que su expansión había dejado sobre el mapa. Ahora, mientras sostiene posiciones a miles de kilómetros de sus costas, vuelve a escuchar una pregunta dentro de su propia casa: cuánto tiempo puede mantenerse una unión cuando parte de sus dirigentes quiere abandonarla. El acuerdo firmado en Cardiff el 14 de septiembre de 2026 entre el SNP escocés, Plaid Cymru de Gales y Sinn Féin incorpora un nuevo capítulo a esa discusión. Sus líderes buscan coordinar esfuerzos para avanzar hacia la independencia o la reunificación irlandesa. La firma expresa una voluntad política; todavía queda por recorrer el camino que podría convertirla en una transformación territorial.
Para comprender la dimensión del problema hay que mirar con precisión ese mapa que tantas veces simplificamos. Inglaterra es una de las cuatro naciones que forman el Reino Unido, junto con Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Gran Bretaña es la isla donde se encuentran las tres primeras. Bajo una misma estructura estatal conviven identidades, historias e instituciones diferentes. Escoceses, galeses y norirlandeses cuentan con autoridades propias y distintos grados de autonomía, mientras cuestiones como la defensa y la política exterior permanecen en manos de las instituciones británicas. Esa distribución permite gobernar juntos, pero también alimenta discusiones sobre quién decide cuando las prioridades nacionales se separan.
Escocia conoce bien esa tensión. En 2014 votó sobre su independencia y alrededor del 55 % eligió permanecer en el Reino Unido, frente a un 45 % que prefirió separarse. El resultado resolvió aquella consulta, aunque dejó una sociedad profundamente dividida sobre su futuro. Dos años después llegó el Brexit y modificó las condiciones del debate: el 62 % de los votantes escoceses había elegido continuar en la Unión Europea, pero el resultado general obligó también a Escocia a salir. El independentismo encontró allí un argumento poderoso para renovar su reclamo: decisiones fundamentales para los escoceses podían adoptarse pese al rechazo de una mayoría dentro de Escocia. En Gales, por el contrario, había ganado la salida del bloque europeo. Las diferencias entre ambos territorios también forman parte de esta historia.
El camino galés tiene otro ritmo. Plaid Cymru propone avanzar hacia la independencia mediante una discusión ciudadana y una ampliación de las capacidades políticas del país, sin plantear un referéndum durante su primer período de gobierno. En Irlanda del Norte, Sinn Féin persigue la reunificación con la República de Irlanda. Allí existe un mecanismo legal específico para una consulta si se cumplen determinadas condiciones de apoyo popular. Compartir una mesa, por lo tanto, no significa compartir un calendario ni contar con idénticos instrumentos. Tampoco la presencia de dirigentes nacionalistas demuestra que todas sus sociedades estén dispuestas a acompañarlos hasta la separación.
Londres conserva, además, herramientas institucionales decisivas. La Corte Suprema británica estableció en 2022 que el Parlamento escocés carece de competencia para legislar unilateralmente sobre un referéndum independentista. A esa limitación se suma la resistencia del gobierno de Andy Burnham a habilitar otra votación. El conflicto enfrenta así dos posiciones: quienes reclaman una nueva oportunidad para decidir y quienes defienden la continuidad del Estado bajo el marco vigente. La discusión seguirá atravesada por cuestiones concretas, desde las cuentas públicas hasta las relaciones comerciales que cualquier separación obligaría a negociar.
Mientras esas tensiones recorren el interior del Reino Unido, desde Washington llega una presión especialmente incómoda. La guerra contra Irán deterioró la relación con Donald Trump, que cuestiona el grado de acompañamiento de sus aliados. Ya en abril, Reuters informó sobre un documento interno del Pentágono que contemplaba revisar el respaldo a determinadas posiciones territoriales de países considerados poco colaboradores, incluyendo la cuestión Malvinas. Que una disputa del Atlántico Sur aparezca entre las posibles respuestas a un desacuerdo en Medio Oriente permite observar cómo funcionan estas negociaciones: los conflictos se conectan incluso cuando sus geografías parecen lejanas.
El reproche de Trump necesita, sin embargo, una precisión. El Reino Unido autorizó el uso de sus bases para determinadas operaciones estadounidenses que su gobierno encuadró como defensivas, mientras buscaba evitar una participación más amplia en la guerra. Hubo colaboración, aunque con límites que Washington cuestionó. La distancia política entre el nacionalismo de derecha de Trump y un gobierno laborista añade tensión a esa relación. A mi entender, esa diferencia ideológica ayuda a explicar el tono del enfrentamiento, pero debe leerse junto con los intereses militares y estratégicos de ambos países. Una alianza histórica también puede convertirse en un espacio de exigencias, presiones y negociaciones ásperas.
Trump añadió otra incomodidad al expresar en septiembre su apoyo a una Irlanda reunificada. Durante su visita a ese país sostuvo que le gustaría ver concretado ese escenario, mientras evitó pronunciarse de la misma manera sobre Escocia. Sus palabras introducen presión en una cuestión que Londres considera especialmente sensible. También muestran los límites de confundir una declaración presidencial con un desenlace: el propio primer ministro irlandés, Micheál Martin, señaló que una consulta sobre la reunificación probablemente no prosperaría en las condiciones actuales.
En Malvinas, la ambigüedad estadounidense abre una discusión igualmente relevante. Washington ha reconocido la administración británica de las islas mientras mantenía una posición de neutralidad sobre la soberanía. Trump manifestó que esa posición podía ser revisada. El anuncio debilita la previsibilidad con la que Londres quisiera contar, aunque una revisión eventual todavía debe distinguirse de un reconocimiento de la soberanía argentina. Para Buenos Aires, la señal ofrece una posibilidad diplomática cuyo alcance dependerá de decisiones concretas.
La Argentina también modificó el énfasis de su actuación. En septiembre de 2024, los cancilleres Diana Mondino y David Lammy habían acordado una agenda de cooperación sobre conectividad, conservación pesquera y cuestiones humanitarias, preservando las respectivas posiciones sobre soberanía. En septiembre de 2026, frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion, Javier Milei anunció medidas para reforzar la respuesta legal e institucional argentina. La secuencia importa: estas decisiones comenzaron antes del encuentro de Cardiff. La oportunidad surge de la coincidencia de varias presiones sobre Londres; atribuirlas a una única operación coordinada exigiría pruebas que estos hechos no aportan.
El endurecimiento incluyó acciones judiciales contra empresas vinculadas con Navitas Petroleum y procedimientos para aplicar sanciones a actores relacionados con el proyecto. También se anunció la prioridad presupuestaria para completar una base naval en Tierra del Fuego. Son medidas con distintos estados de ejecución: una denuncia inicia un proceso, una sanción requiere su correspondiente procedimiento y una prioridad presupuestaria necesita recursos para convertirse en una obra terminada. Su sentido económico puede interpretarse con claridad: elevar los costos y los riesgos de participar en la explotación de recursos cuya soberanía Argentina reclama. Para una empresa, la rentabilidad de un proyecto también depende de las restricciones que pueda enfrentar en otros mercados.
El petróleo introduce una urgencia material en una disputa que para nuestro país nunca fue solamente simbólica. La posición argentina remite a la ocupación británica de 1833, al desplazamiento de sus autoridades y a un reclamo sostenido sobre su integridad territorial. La resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la existencia de una controversia de soberanía y llamó a resolverla mediante negociaciones entre Argentina y el Reino Unido, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes. Ese marco permite defender la causa argentina con fundamentos propios, más allá de las simpatías de cualquier presidente extranjero.
Los reclamos escocés, galés e irlandés y la cuestión Malvinas tienen historias y marcos jurídicos diferentes. Una eventual independencia de Escocia no resolvería automáticamente la controversia del Atlántico Sur. En el plano político, sin embargo, su coincidencia vuelve más incómoda la posición británica y permite discutir la coherencia con la que Londres invoca el derecho a decidir en distintos escenarios. Para Argentina, esa discusión puede ampliar el espacio de su diplomacia, siempre que mantenga clara la diferencia entre cuestionar un argumento británico y demostrar sus propios derechos.
La cercanía entre Milei y Trump puede facilitar conversaciones, pero la política exterior argentina necesita sostenerse más allá de esa relación personal. Si Washington utiliza Malvinas para obtener concesiones británicas, también podría modificar su posición cuando esas concesiones lleguen. Por eso, el objetivo argentino debería ser convertir esta coyuntura en apoyos duraderos, propuestas de negociación y una mayor capacidad para proteger sus intereses. La defensa del reclamo exige continuidad, conocimiento y una estrategia que sobreviva a los cambios de gobierno.
El Reino Unido enfrenta tensiones simultáneas dentro de sus fronteras, en su relación con Estados Unidos y en el Atlántico Sur. Su desenlace permanece abierto. Para Argentina, observar esas dificultades tiene valor cuando permite actuar con mayor inteligencia diplomática. Las grietas de Londres pueden ampliar nuestro margen de acción; que ese margen produzca resultados dependerá de la capacidad argentina para sostener una política de Estado cuando esta crisis deje de ocupar los titulares.