Por: Enzo Galimberti.
En el Atlántico Sur, el petróleo vuelve a darle urgencia a una discusión que Londres preferiría considerar terminada. Bajo esas aguas no solamente existen recursos naturales: también se juega una parte del futuro argentino, nuestra presencia marítima, nuestra capacidad de proyectarnos hacia el sur y, fundamentalmente, el derecho a decidir sobre un territorio cuya soberanía continúa en disputa. Cada avance de la explotación petrolera vuelve más costosa la espera y consolida intereses económicos alrededor de la ocupación británica. Por eso, los acontecimientos de los últimos días adquieren una importancia especial. Argentina parece haber comenzado a buscar una estrategia distinta, intentando que la continuidad del conflicto también tenga un costo para las compañías y los Estados que actúan como si la cuestión Malvinas estuviera definitivamente cerrada.
El gobierno de Javier Milei reforzó los mecanismos destinados a sancionar actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina. El Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre, puso a la Cancillería al frente de su aplicación, aceleró procedimientos y estableció nuevas exigencias vinculadas al cumplimiento de la legislación argentina sobre Malvinas para quienes pretendan acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el denominado RIGI, o participar de permisos petroleros en nuestro país. La lógica política detrás de esta decisión resulta bastante clara: una empresa que quiere aprovechar las oportunidades económicas de Argentina debe comprender que no puede, al mismo tiempo, participar directa o indirectamente de actividades que nuestro país considera ilegales en un territorio cuya soberanía reclama. El conflicto comienza así a trasladarse desde los discursos diplomáticos hacia los contratos, los proveedores, las inversiones y los intereses económicos. Allí puede aparecer una herramienta concreta de presión, siempre que exista continuidad, decisión política y consecuencias reales para quienes incumplan las normas.
Milei anunció además su intención de impulsar modificaciones legislativas para ampliar y endurecer las sanciones, incluyendo a proveedores y empresas relacionadas con la explotación de recursos en las islas. Esa propuesta deberá atravesar el Congreso y no debe confundirse con las medidas que ya están vigentes. Tampoco sería correcto presentar la defensa de Malvinas como algo nacido con este gobierno. La causa atraviesa administraciones, partidos políticos y generaciones, y justamente su fortaleza debería radicar en convertirse definitivamente en una política de Estado. Sin embargo, también corresponde señalar que durante décadas Argentina fue perdiendo una parte importante de sus capacidades estratégicas y militares. Desde mi mirada, allí tuvieron una responsabilidad considerable distintos gobiernos peronistas, particularmente aquellos que convirtieron su enfrentamiento político e ideológico con el pasado militar argentino en una política que terminó extendiendo una profunda desconfianza sobre las Fuerzas Armadas como institución.
Una cosa era juzgar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, algo absolutamente necesario en una democracia, y otra muy distinta era trasladar aquella condena histórica a las Fuerzas Armadas de las décadas siguientes. Durante años se instaló una visión en la que hablar de defensa, reequipamiento militar o fortalecimiento estratégico parecía casi sospechoso. Se debilitó socialmente la imagen de las Fuerzas Armadas, se postergaron inversiones, se envejecieron sistemas de armas y se perdió capacidad operativa. A mi entender, especialmente durante los gobiernos kirchneristas, existió una construcción política que muchas veces prefirió presentar al instrumento militar como un problema del pasado antes que como una herramienta necesaria de un Estado moderno. Esa demonización tuvo consecuencias que trascendieron la discusión partidaria: Argentina llegó a tener serias limitaciones para controlar y defender adecuadamente uno de los territorios más extensos del mundo, con una enorme plataforma marítima, recursos estratégicos y una puerta de entrada fundamental hacia la Antártida.
Recuperar las Fuerzas Armadas no significa reivindicar ninguna dictadura ni imaginar aventuras militares. Son discusiones completamente distintas. Una democracia sólida necesita Fuerzas Armadas profesionales, modernas, subordinadas al poder civil y preparadas para defender los intereses nacionales. Y Malvinas demuestra por qué. Pensar que la soberanía puede defenderse solamente mediante comunicados diplomáticos es desconocer cómo funciona el mundo. Tener capacidad militar no significa utilizarla; significa que Argentina posee infraestructura, tecnología, logística, vigilancia, presencia marítima y capacidad de proyectarse sobre su propio territorio. Un país que carece de esos instrumentos negocia desde una posición más débil. Por eso, el proceso de recuperación de capacidades militares que intenta desarrollar el actual gobierno puede tener una importancia mucho mayor que la simple compra de equipamiento: implica reconstruir una herramienta del Estado que durante demasiado tiempo quedó relegada.
A esta recuperación se suma un cambio profundo en la orientación internacional del país. Durante buena parte de las últimas décadas, especialmente bajo gobiernos kirchneristas, Argentina privilegió relaciones políticas con Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán y otros actores enfrentados o alejados de las principales potencias occidentales. Esa política podía responder a determinadas afinidades ideológicas, pero tenía una limitación evidente en relación con Malvinas: difícilmente aquellos países podían ejercer una influencia real sobre el Reino Unido. Hoy la estrategia es diferente. Milei decidió acercar a la Argentina a Estados Unidos y a las potencias occidentales, buscando una relación política mucho más estrecha con Washington. Y allí apareció en los últimos días un escenario que, al menos hasta hace poco, parecía improbable.
En una entrevista con GB News, Donald Trump evitó garantizar de manera automática un eventual apoyo estadounidense al Reino Unido frente a un nuevo conflicto y volvió a reprocharle a Londres su falta de acompañamiento en otras cuestiones internacionales. Milei aprovechó rápidamente esas declaraciones para presentar su cercanía con Washington como una oportunidad para la causa argentina. Es un cambio relevante porque, históricamente, la relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido fue uno de los pilares internacionales de la posición británica. Si Washington comenzara, aunque fuera parcialmente, a abandonar una neutralidad favorable de hecho a Londres, Argentina podría encontrar un espacio diplomático que durante muchos años simplemente no existió.
Sin embargo, esa oportunidad exige prudencia. Trump puede utilizar Malvinas como una herramienta de presión contra Londres por razones que nada tienen que ver con la soberanía argentina. Las grandes potencias se mueven por intereses y esos intereses cambian. El aliado de hoy puede tener prioridades diferentes mañana. Por eso, Argentina debería aprovechar cualquier apertura de Washington, pero sin convertir la causa Malvinas en una política dependiente de la voluntad de un presidente extranjero. Lo verdaderamente importante sería transformar esa cercanía personal y política en apoyos diplomáticos, gestiones concretas y una modificación real del equilibrio internacional alrededor del conflicto. Una causa sostenida durante generaciones debe ser capaz de sobrevivir a Milei, a Trump y a cualquier otro dirigente.
La respuesta británica volvió a refugiarse en el argumento tradicional: la voluntad de los habitantes de las islas de continuar vinculados al Reino Unido. Desde Londres también se intentó presentar el endurecimiento argentino como una cuestión relacionada con la política interna de Milei. Es una explicación cómoda porque permite hablar de las motivaciones de un presidente y evitar el problema central. El reclamo argentino no comenzó con Milei, ni con Cristina Kirchner, ni con Menem, Alfonsín o Perón. Tampoco comenzó con la guerra de 1982. Durante la década de 1820 existieron población, actividad económica y actos de gobierno de las autoridades de Buenos Aires en las islas. En 1829 se creó la Comandancia Política y Militar de Malvinas y, el 3 de enero de 1833, una fuerza británica desplazó a las autoridades argentinas. Desde entonces, nuestro país mantuvo su protesta y fundamentó su posición en la sucesión de los derechos españoles, en los actos de administración realizados previamente y en la continuidad histórica del reclamo.
El Reino Unido cuestiona esos fundamentos, pero justamente por eso existe una controversia. En 1965, la Resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció la existencia de una disputa de soberanía e invitó a Argentina y al Reino Unido a negociar una solución pacífica teniendo en cuenta los intereses de la población de las islas. La resolución no adjudicó la soberanía a nuestro país, pero dejó algo establecido: el conflicto existe y requiere negociación. Por eso resulta difícil aceptar la posición británica de que el asunto simplemente está terminado porque Londres controla el territorio. Tener el control efectivo no equivale necesariamente a tener resuelta una controversia internacional.
Aquí aparece una de las mayores diferencias entre ambas partes. El Reino Unido invoca la autodeterminación de los habitantes de las islas. Argentina sostiene que ese principio no puede utilizarse de manera automática para resolver una disputa territorial preexistente cuando la población fue establecida y desarrollada bajo la administración de la potencia que controla el territorio. Desde la visión argentina, aceptar esa interpretación significaría permitir que una ocupación pudiera consolidarse simplemente mediante el paso del tiempo y la voluntad de una comunidad organizada posteriormente bajo la autoridad del ocupante. Ese es el verdadero debate jurídico y político que Londres suele evitar cuando reduce toda la discusión a la voluntad de los isleños.
Eso tampoco significa desconocer los derechos de quienes viven allí. Argentina debe ser especialmente cuidadosa en este punto. La propia Constitución Nacional establece que cualquier recuperación de soberanía debe respetar el modo de vida de los habitantes de Malvinas. Si nuestro país pretende construir una alternativa creíble, necesita demostrar que la soberanía argentina no representaría una amenaza para sus hogares, sus propiedades, su idioma, sus tradiciones ni sus libertades. Una negociación moderna podría imaginar una transición gradual hacia el ejercicio de la soberanía argentina con amplísimas facultades de gobierno local, protección de la lengua inglesa, reconocimiento de propiedades, continuidad institucional, garantías especiales de ciudadanía y mecanismos internacionales que brinden seguridad jurídica durante décadas. No sería una imposición de un día para otro, sino un proceso negociado capaz de ofrecer certezas tanto a Argentina como a los habitantes de las islas.
Incluso podrían estudiarse fórmulas similares a otros procesos de transferencia territorial ocurridos en el mundo, adaptadas naturalmente a la particularidad de Malvinas. Ningún modelo puede copiarse de manera automática, pero experiencias como Hong Kong demuestran que en las relaciones internacionales pueden existir períodos de transición extensos, regímenes especiales, garantías institucionales y mecanismos destinados a proteger formas de vida preexistentes. Una solución de estas características requeriría negociaciones entre Argentina y el Reino Unido, participación de los habitantes de las islas y garantías internacionales suficientemente sólidas. Hoy Londres rechaza discutir una alternativa semejante y mantiene una importante presencia militar en el archipiélago, insistiendo en que defenderá su posición. Pero que una salida parezca lejana no significa que Argentina deba aceptar que el presente se vuelva eterno.
El acercamiento podría comenzar por cuestiones prácticas: vuelos, comunicaciones, cooperación científica, conservación del Atlántico Sur, pesca, medioambiente, investigación, atención sanitaria y vínculos comerciales. Incluso podrían imaginarse acuerdos provisionales sobre determinados recursos, siempre que quedaran expresamente preservadas las posiciones de soberanía de ambas partes. Pero cualquier cooperación debería estar acompañada por una negociación con objetivos concretos. De lo contrario, existe el riesgo de repetir lo ocurrido durante décadas: administrar el conflicto sin acercarse nunca a su resolución.
También existe una tarea interna que Argentina debe realizar independientemente de Londres. Milei anunció recursos para avanzar en una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y allí aparece nuevamente la importancia de reconstruir la presencia estratégica argentina. Una verdadera política hacia el Atlántico Sur no puede limitarse a hablar de Malvinas una vez por año. Necesita puertos, radares, buques, aviones, investigación científica, infraestructura logística, presencia antártica, tecnología y Fuerzas Armadas capaces de operar en una de las regiones más importantes para el futuro del país. Allí es donde resulta necesario abandonar definitivamente aquella mirada que durante años asoció el fortalecimiento militar con un regreso al pasado. Las Fuerzas Armadas de una democracia no pertenecen a ningún partido político ni a ninguna ideología. Son instituciones de la Nación y su debilitamiento termina debilitando a la propia Argentina.
Quizás ese sea uno de los cambios más importantes que nuestro país necesita comprender. Malvinas no se recuperará mediante una guerra y nadie seriamente debería plantearlo. La guerra de 1982 dejó suficientes muertos, heridas y enseñanzas. Pero tampoco se recuperará desde la debilidad. Argentina necesita reconstruir poder económico, diplomático, militar, científico y tecnológico. Necesita volver a ocupar estratégicamente su propio territorio continental y marítimo. Necesita aliados capaces de influir sobre Londres y una política exterior menos condicionada por simpatías ideológicas. Necesita también convencer a los habitantes de las islas de que una relación diferente con Argentina puede ofrecerles estabilidad, prosperidad y garantías.
Una Argentina más sólida puede negociar mejor. Las sanciones pueden aumentar el costo económico de ignorar nuestro reclamo. La recuperación de las Fuerzas Armadas puede devolver al país una capacidad estratégica perdida durante décadas. La presencia en Tierra del Fuego y el Atlántico Sur puede demostrar que Malvinas forma parte de una política concreta y no solamente de una consigna. La diplomacia deberá construir una salida y la cercanía con Estados Unidos tendrá verdadero valor si logra convertirse en avances que Argentina pueda sostener aun cuando cambien los presidentes y los intereses internacionales.
Las Malvinas son argentinas. Sostener esa convicción nos compromete con la memoria de quienes murieron allí, con quienes combatieron y regresaron y con todas las generaciones que mantuvieron vivo el reclamo desde 1833. Pero recordar no alcanza. El verdadero desafío consiste en construir poder, continuidad y una estrategia nacional capaz de sobrevivir a cualquier gobierno. Tal vez, después de décadas de retrocesos, desinterés estratégico y Fuerzas Armadas relegadas, Argentina tenga nuevamente la oportunidad de comenzar a mirar hacia el Atlántico Sur no solamente desde la nostalgia, sino desde una política de futuro. Porque para recuperar algún día aquello que consideramos nuestro, primero debemos volver a convertirnos en un país capaz de defender seriamente sus intereses.
Felíz cumple vieco.
Sabes que te amo y te voy a ayudar en todo.
Muchas fuerzas.
En el Atlántico Sur, el petróleo vuelve a darle urgencia a una discusión que Londres preferiría considerar terminada. Bajo esas aguas no solamente existen recursos naturales: también se juega una parte del futuro argentino, nuestra presencia marítima, nuestra capacidad de proyectarnos hacia el sur y, fundamentalmente, el derecho a decidir sobre un territorio cuya soberanía continúa en disputa. Cada avance de la explotación petrolera vuelve más costosa la espera y consolida intereses económicos alrededor de la ocupación británica. Por eso, los acontecimientos de los últimos días adquieren una importancia especial. Argentina parece haber comenzado a buscar una estrategia distinta, intentando que la continuidad del conflicto también tenga un costo para las compañías y los Estados que actúan como si la cuestión Malvinas estuviera definitivamente cerrada.
El gobierno de Javier Milei reforzó los mecanismos destinados a sancionar actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina. El Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre, puso a la Cancillería al frente de su aplicación, aceleró procedimientos y estableció nuevas exigencias vinculadas al cumplimiento de la legislación argentina sobre Malvinas para quienes pretendan acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el denominado RIGI, o participar de permisos petroleros en nuestro país. La lógica política detrás de esta decisión resulta bastante clara: una empresa que quiere aprovechar las oportunidades económicas de Argentina debe comprender que no puede, al mismo tiempo, participar directa o indirectamente de actividades que nuestro país considera ilegales en un territorio cuya soberanía reclama. El conflicto comienza así a trasladarse desde los discursos diplomáticos hacia los contratos, los proveedores, las inversiones y los intereses económicos. Allí puede aparecer una herramienta concreta de presión, siempre que exista continuidad, decisión política y consecuencias reales para quienes incumplan las normas.
Milei anunció además su intención de impulsar modificaciones legislativas para ampliar y endurecer las sanciones, incluyendo a proveedores y empresas relacionadas con la explotación de recursos en las islas. Esa propuesta deberá atravesar el Congreso y no debe confundirse con las medidas que ya están vigentes. Tampoco sería correcto presentar la defensa de Malvinas como algo nacido con este gobierno. La causa atraviesa administraciones, partidos políticos y generaciones, y justamente su fortaleza debería radicar en convertirse definitivamente en una política de Estado. Sin embargo, también corresponde señalar que durante décadas Argentina fue perdiendo una parte importante de sus capacidades estratégicas y militares. Desde mi mirada, allí tuvieron una responsabilidad considerable distintos gobiernos peronistas, particularmente aquellos que convirtieron su enfrentamiento político e ideológico con el pasado militar argentino en una política que terminó extendiendo una profunda desconfianza sobre las Fuerzas Armadas como institución.
Una cosa era juzgar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, algo absolutamente necesario en una democracia, y otra muy distinta era trasladar aquella condena histórica a las Fuerzas Armadas de las décadas siguientes. Durante años se instaló una visión en la que hablar de defensa, reequipamiento militar o fortalecimiento estratégico parecía casi sospechoso. Se debilitó socialmente la imagen de las Fuerzas Armadas, se postergaron inversiones, se envejecieron sistemas de armas y se perdió capacidad operativa. A mi entender, especialmente durante los gobiernos kirchneristas, existió una construcción política que muchas veces prefirió presentar al instrumento militar como un problema del pasado antes que como una herramienta necesaria de un Estado moderno. Esa demonización tuvo consecuencias que trascendieron la discusión partidaria: Argentina llegó a tener serias limitaciones para controlar y defender adecuadamente uno de los territorios más extensos del mundo, con una enorme plataforma marítima, recursos estratégicos y una puerta de entrada fundamental hacia la Antártida.
Recuperar las Fuerzas Armadas no significa reivindicar ninguna dictadura ni imaginar aventuras militares. Son discusiones completamente distintas. Una democracia sólida necesita Fuerzas Armadas profesionales, modernas, subordinadas al poder civil y preparadas para defender los intereses nacionales. Y Malvinas demuestra por qué. Pensar que la soberanía puede defenderse solamente mediante comunicados diplomáticos es desconocer cómo funciona el mundo. Tener capacidad militar no significa utilizarla; significa que Argentina posee infraestructura, tecnología, logística, vigilancia, presencia marítima y capacidad de proyectarse sobre su propio territorio. Un país que carece de esos instrumentos negocia desde una posición más débil. Por eso, el proceso de recuperación de capacidades militares que intenta desarrollar el actual gobierno puede tener una importancia mucho mayor que la simple compra de equipamiento: implica reconstruir una herramienta del Estado que durante demasiado tiempo quedó relegada.
A esta recuperación se suma un cambio profundo en la orientación internacional del país. Durante buena parte de las últimas décadas, especialmente bajo gobiernos kirchneristas, Argentina privilegió relaciones políticas con Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán y otros actores enfrentados o alejados de las principales potencias occidentales. Esa política podía responder a determinadas afinidades ideológicas, pero tenía una limitación evidente en relación con Malvinas: difícilmente aquellos países podían ejercer una influencia real sobre el Reino Unido. Hoy la estrategia es diferente. Milei decidió acercar a la Argentina a Estados Unidos y a las potencias occidentales, buscando una relación política mucho más estrecha con Washington. Y allí apareció en los últimos días un escenario que, al menos hasta hace poco, parecía improbable.
En una entrevista con GB News, Donald Trump evitó garantizar de manera automática un eventual apoyo estadounidense al Reino Unido frente a un nuevo conflicto y volvió a reprocharle a Londres su falta de acompañamiento en otras cuestiones internacionales. Milei aprovechó rápidamente esas declaraciones para presentar su cercanía con Washington como una oportunidad para la causa argentina. Es un cambio relevante porque, históricamente, la relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido fue uno de los pilares internacionales de la posición británica. Si Washington comenzara, aunque fuera parcialmente, a abandonar una neutralidad favorable de hecho a Londres, Argentina podría encontrar un espacio diplomático que durante muchos años simplemente no existió.
Sin embargo, esa oportunidad exige prudencia. Trump puede utilizar Malvinas como una herramienta de presión contra Londres por razones que nada tienen que ver con la soberanía argentina. Las grandes potencias se mueven por intereses y esos intereses cambian. El aliado de hoy puede tener prioridades diferentes mañana. Por eso, Argentina debería aprovechar cualquier apertura de Washington, pero sin convertir la causa Malvinas en una política dependiente de la voluntad de un presidente extranjero. Lo verdaderamente importante sería transformar esa cercanía personal y política en apoyos diplomáticos, gestiones concretas y una modificación real del equilibrio internacional alrededor del conflicto. Una causa sostenida durante generaciones debe ser capaz de sobrevivir a Milei, a Trump y a cualquier otro dirigente.
La respuesta británica volvió a refugiarse en el argumento tradicional: la voluntad de los habitantes de las islas de continuar vinculados al Reino Unido. Desde Londres también se intentó presentar el endurecimiento argentino como una cuestión relacionada con la política interna de Milei. Es una explicación cómoda porque permite hablar de las motivaciones de un presidente y evitar el problema central. El reclamo argentino no comenzó con Milei, ni con Cristina Kirchner, ni con Menem, Alfonsín o Perón. Tampoco comenzó con la guerra de 1982. Durante la década de 1820 existieron población, actividad económica y actos de gobierno de las autoridades de Buenos Aires en las islas. En 1829 se creó la Comandancia Política y Militar de Malvinas y, el 3 de enero de 1833, una fuerza británica desplazó a las autoridades argentinas. Desde entonces, nuestro país mantuvo su protesta y fundamentó su posición en la sucesión de los derechos españoles, en los actos de administración realizados previamente y en la continuidad histórica del reclamo.
El Reino Unido cuestiona esos fundamentos, pero justamente por eso existe una controversia. En 1965, la Resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció la existencia de una disputa de soberanía e invitó a Argentina y al Reino Unido a negociar una solución pacífica teniendo en cuenta los intereses de la población de las islas. La resolución no adjudicó la soberanía a nuestro país, pero dejó algo establecido: el conflicto existe y requiere negociación. Por eso resulta difícil aceptar la posición británica de que el asunto simplemente está terminado porque Londres controla el territorio. Tener el control efectivo no equivale necesariamente a tener resuelta una controversia internacional.
Aquí aparece una de las mayores diferencias entre ambas partes. El Reino Unido invoca la autodeterminación de los habitantes de las islas. Argentina sostiene que ese principio no puede utilizarse de manera automática para resolver una disputa territorial preexistente cuando la población fue establecida y desarrollada bajo la administración de la potencia que controla el territorio. Desde la visión argentina, aceptar esa interpretación significaría permitir que una ocupación pudiera consolidarse simplemente mediante el paso del tiempo y la voluntad de una comunidad organizada posteriormente bajo la autoridad del ocupante. Ese es el verdadero debate jurídico y político que Londres suele evitar cuando reduce toda la discusión a la voluntad de los isleños.
Eso tampoco significa desconocer los derechos de quienes viven allí. Argentina debe ser especialmente cuidadosa en este punto. La propia Constitución Nacional establece que cualquier recuperación de soberanía debe respetar el modo de vida de los habitantes de Malvinas. Si nuestro país pretende construir una alternativa creíble, necesita demostrar que la soberanía argentina no representaría una amenaza para sus hogares, sus propiedades, su idioma, sus tradiciones ni sus libertades. Una negociación moderna podría imaginar una transición gradual hacia el ejercicio de la soberanía argentina con amplísimas facultades de gobierno local, protección de la lengua inglesa, reconocimiento de propiedades, continuidad institucional, garantías especiales de ciudadanía y mecanismos internacionales que brinden seguridad jurídica durante décadas. No sería una imposición de un día para otro, sino un proceso negociado capaz de ofrecer certezas tanto a Argentina como a los habitantes de las islas.
Incluso podrían estudiarse fórmulas similares a otros procesos de transferencia territorial ocurridos en el mundo, adaptadas naturalmente a la particularidad de Malvinas. Ningún modelo puede copiarse de manera automática, pero experiencias como Hong Kong demuestran que en las relaciones internacionales pueden existir períodos de transición extensos, regímenes especiales, garantías institucionales y mecanismos destinados a proteger formas de vida preexistentes. Una solución de estas características requeriría negociaciones entre Argentina y el Reino Unido, participación de los habitantes de las islas y garantías internacionales suficientemente sólidas. Hoy Londres rechaza discutir una alternativa semejante y mantiene una importante presencia militar en el archipiélago, insistiendo en que defenderá su posición. Pero que una salida parezca lejana no significa que Argentina deba aceptar que el presente se vuelva eterno.
El acercamiento podría comenzar por cuestiones prácticas: vuelos, comunicaciones, cooperación científica, conservación del Atlántico Sur, pesca, medioambiente, investigación, atención sanitaria y vínculos comerciales. Incluso podrían imaginarse acuerdos provisionales sobre determinados recursos, siempre que quedaran expresamente preservadas las posiciones de soberanía de ambas partes. Pero cualquier cooperación debería estar acompañada por una negociación con objetivos concretos. De lo contrario, existe el riesgo de repetir lo ocurrido durante décadas: administrar el conflicto sin acercarse nunca a su resolución.
También existe una tarea interna que Argentina debe realizar independientemente de Londres. Milei anunció recursos para avanzar en una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y allí aparece nuevamente la importancia de reconstruir la presencia estratégica argentina. Una verdadera política hacia el Atlántico Sur no puede limitarse a hablar de Malvinas una vez por año. Necesita puertos, radares, buques, aviones, investigación científica, infraestructura logística, presencia antártica, tecnología y Fuerzas Armadas capaces de operar en una de las regiones más importantes para el futuro del país. Allí es donde resulta necesario abandonar definitivamente aquella mirada que durante años asoció el fortalecimiento militar con un regreso al pasado. Las Fuerzas Armadas de una democracia no pertenecen a ningún partido político ni a ninguna ideología. Son instituciones de la Nación y su debilitamiento termina debilitando a la propia Argentina.
Quizás ese sea uno de los cambios más importantes que nuestro país necesita comprender. Malvinas no se recuperará mediante una guerra y nadie seriamente debería plantearlo. La guerra de 1982 dejó suficientes muertos, heridas y enseñanzas. Pero tampoco se recuperará desde la debilidad. Argentina necesita reconstruir poder económico, diplomático, militar, científico y tecnológico. Necesita volver a ocupar estratégicamente su propio territorio continental y marítimo. Necesita aliados capaces de influir sobre Londres y una política exterior menos condicionada por simpatías ideológicas. Necesita también convencer a los habitantes de las islas de que una relación diferente con Argentina puede ofrecerles estabilidad, prosperidad y garantías.
Una Argentina más sólida puede negociar mejor. Las sanciones pueden aumentar el costo económico de ignorar nuestro reclamo. La recuperación de las Fuerzas Armadas puede devolver al país una capacidad estratégica perdida durante décadas. La presencia en Tierra del Fuego y el Atlántico Sur puede demostrar que Malvinas forma parte de una política concreta y no solamente de una consigna. La diplomacia deberá construir una salida y la cercanía con Estados Unidos tendrá verdadero valor si logra convertirse en avances que Argentina pueda sostener aun cuando cambien los presidentes y los intereses internacionales.
Las Malvinas son argentinas. Sostener esa convicción nos compromete con la memoria de quienes murieron allí, con quienes combatieron y regresaron y con todas las generaciones que mantuvieron vivo el reclamo desde 1833. Pero recordar no alcanza. El verdadero desafío consiste en construir poder, continuidad y una estrategia nacional capaz de sobrevivir a cualquier gobierno. Tal vez, después de décadas de retrocesos, desinterés estratégico y Fuerzas Armadas relegadas, Argentina tenga nuevamente la oportunidad de comenzar a mirar hacia el Atlántico Sur no solamente desde la nostalgia, sino desde una política de futuro. Porque para recuperar algún día aquello que consideramos nuestro, primero debemos volver a convertirnos en un país capaz de defender seriamente sus intereses.
Felíz cumple vieco.
Sabes que te amo y te voy a ayudar en todo.
Muchas fuerzas.