Colombia volvió a quedar en el centro de la agenda estratégica de Estados Unidos, y el motivo es claro: el debilitamiento del Estado frente al avance del narcotráfico y el corrimiento ideológico de un país que durante décadas fue un aliado clave del orden hemisférico. La llegada de Gustavo Petro no solo implicó un cambio de gobierno, sino un giro doctrinario que relativiza la cooperación en seguridad, cuestiona a Estados Unidos y abre espacios a potencias que no comparten los valores ni los intereses de Occidente.
Desde la perspectiva de Donald Trump, el narcotráfico no es un problema social ni una cuestión cultural: es una amenaza directa a la seguridad nacional. Los laboratorios que operan en territorio colombiano, según su diagnóstico, producen y exportan droga que termina devastando comunidades enteras en Estados Unidos. Frente a esa realidad, Trump plantea una verdad incómoda pero ineludible: cuando un Estado pierde el control efectivo de su territorio, otros actores —criminales o externos— ocupan ese vacío.
Colombia no es Venezuela, y por eso no se habla de una intervención total ni de un cambio de régimen. La estrategia es otra, más precisa y eficaz: ataques selectivos contra infraestructuras del narcotráfico, bombardeos quirúrgicos, operaciones marítimas y destrucción de cargamentos ilegales. Acciones puntuales, ya aplicadas con éxito en el Caribe y el Pacífico, orientadas a cortar rutas, desarticular redes y enviar un mensaje claro: el delito transnacional no será tolerado.
A este esquema se suma la presión económica como herramienta legítima de política exterior. Sanciones, condicionamientos y controles sobre zonas estratégicas —como las rutas marítimas y la frontera colombo-venezolana, forman parte de una lógica de resultados, no de discursos. La reciente intervención estadounidense en Venezuela dejó una advertencia inequívoca para la región: cuando la seguridad de Estados Unidos se ve amenazada, la respuesta llega, guste o no a los defensores de la soberanía selectiva.
Pero el problema de fondo es aún más profundo. Lo que realmente inquieta a Washington es el avance sostenido de China en América Latina. Mientras Estados Unidos exige orden, control y responsabilidad estatal, Beijing avanza con una estrategia silenciosa basada en inversiones, financiamiento e infraestructura. No impone valores, pero compra voluntades. No despliega soldados, pero construye dependencias. Colombia, en ese contexto, comienza a correrse del eje occidental bajo la ilusión de una autonomía que, en los hechos, reemplaza una influencia histórica por una subordinación económica futura.
La estrategia de Trump combina firmeza, realismo y claridad política. Al encuadrar sus acciones dentro de la lucha contra un enemigo común —el narcotráfico— obtiene legitimidad y expone las contradicciones de los gobiernos latinoamericanos. O se combate al crimen organizado con decisión, o se queda del lado de la inacción. No hay tercer camino. La neutralidad, en este escenario, es apenas una forma elegante de complicidad.
Colombia no es el objetivo final. Es el ejemplo. La señal de advertencia a una región que durante años confundió soberanía con permisividad y discurso ideológico con política real. En el mundo que viene, el orden vuelve a ser un valor central, la seguridad una prioridad innegociable y la falta de control un lujo que ningún Estado serio puede permitirse. América Latina enfrenta una elección clara: recuperar autoridad o aceptar que otros decidan por ella.